Normas vigentes

En esta sección encontrará la normativa con impacto en el sector minero tanto expedida como en trámite.

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  • Conpes 3918 de 2018 – Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

    Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el producto de un consenso general en torno a un marco medible para alcanzar niveles mínimos que garanticen la prosperidad, el bienestar de las personas y la conservación del ambiente.
    La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus ODS integran en sus tres dimensiones social, económica y ambiental, importantes retos a nivel global y nacional. Entre ellos se encuentra la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para promover acciones transversales, la capacidad del Gobierno para cuantificar los avances de las metas propuestas, la alineación de la agenda con los instrumentos de política territoriales, la coordinación de acciones con diferentes actores sociales, así como la movilización de recursos en todos los niveles.
    Colombia se ha destacado por liderar la implementación de agendas como la de los ODS, las alianzas por el cambio climático y la adopción de estándares mundiales como los desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A través de los ODS, el país tiene el reto de avanzar sobre metas concretas y consolidar avances en materia de pobreza, educación y protección del medio ambiente, entre las principales.
    El presente documento establece las metas y las estrategias para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS en Colombia. Genera una hoja de ruta para cada una de las metas establecidas, incluyendo indicadores, entidades responsables y los recursos requeridos para llevarlas a buen término.

  • Conpes 3926 de 2018 – Adecuación de tierras

    La adecuación de tierras (ADT) es entendida en Colombia como un servicio público integrado por los componentes de riego, drenaje y protección contra inundaciones, prestado mediante obras y equipos especializados. Su área de influencia es denominada distrito de ADT. Se estima que el riego, en particular, puede duplicar el rendimiento por hectárea cultivada  y aumentar en más de un 80 % el ingreso promedio mensual de los productores agropecuarios en Colombia (Perfetti, Balcázar, Hernández, & Leibovich, 2013, pág. 205).
    Aunque el país cuenta con 18,4 millones de hectáreas con aptitud agropecuaria con potencial para ser desarrolladas con ADT (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria [UPRA], 2018), se estima que solo 1,1 millones de hectáreas cuentan con este servicio (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural [Incoder], 2014a, pág. 29), lo que representa una cobertura del 6 %. Esta situación contrasta con la presentada en otros países latinoamericanos, en los que se han adoptado políticas públicas para aprovechar estratégicamente las áreas potenciales para ADT; tal es el caso de México con una cobertura del 66 %, Chile con el 44 %, Perú con el 40 %, Brasil con el 18 % y Argentina con el 15 %.
    La prestación del servicio público de ADT en Colombia no ha sido ampliada de manera significativa desde los años noventa. La baja cobertura en el país se explica principalmente por debilidades en la planificación del desarrollo de mediano y largo plazo de nuevos proyectos de ADT. Esto se refleja en bajos niveles de inversión y poca articulación con las entidades territoriales, la institucionalidad ambiental y el sector privado para impulsar proyectos productivos agropecuarios integrados con ADT.
    A la vez, se enfrentan limitaciones para asegurar un servicio adecuado en las áreas que actualmente cuentan con distritos de ADT. Más de la cuarta parte de los distritos de ADT que han sido construidos y desarrollados con apoyo presupuestal del Gobierno nacional no funcionan. Esto se debe, en gran medida, a debilidades administrativas y operativas para la prestación del servicio.
    El presente documento de política establece un marco estratégico para los próximos veinte años, orientado a mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental de los sistemas productivos beneficiados con este servicio público. Esta política se enmarca en la estrategia de transformación del campo del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país, mediante la cual se impulsa la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios sectoriales y, así mismo, en el enfoque de crecimiento verde para lograr desarrollo sostenible en el largo plazo. Igualmente, responde al Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP. En este se establecen lineamientos para impulsar la economía campesina, familiar y comunitaria, y se reconoce la importancia de la infraestructura de riego y drenaje para este fin.
    Esta política orientará el desarrollo de la adecuación de tierras como instrumento de la productividad y competitividad agropecuaria, a través de cuatro objetivos específicos: (i) consolidar información para mejorar la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de la política, (ii) promover la coordinación interinstitucional para mejorar la ejecución de los proyectos integrales de ADT, (iii) mejorar la eficacia y eficiencia de las inversiones en ADT para lograr un mayor impacto en la productividad y competitividad agropecuaria, y (iv) actualizar el marco legal para la implementación de la política de ADT.

  • Conpes 3932 de 2018 – Plan marco implementacion del acuerdo final

    El Plan Marco de Implementación (PMI) fue construido y aprobado en cumplimiento de lo establecido en el punto 6.1.1. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. El PMI final contiene 501 indicadores y un costo indicativo de 129,5 billones de pesos de 2016.
    El presente documento CONPES genera los lineamientos para vincular los compromisos definidos en el PMI con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento depolíticas públicas y de sus recursos, con el fin de promover la sostenibilidad de las medidas para la construcción de paz realizadas entre 2017 y 2031. Además, define los mecanismos y fuentes de información que serán usados para el seguimiento a los recursos invertidos en la implementación del Acuerdo Final y los avances obtenidos, promoviendo la transparencia durante el proceso de construcción de paz.

  • Conpes 3934 de 2018 – Política de Crecimiento Verde

    Este documento de política establece que para mantener e incrementar el ritmo de crecimiento económico que necesita el país, y así atender las problemáticas sociales, en materia de pobreza, desigualdad y construcción de paz, se requiere la búsqueda de nuevas fuentes de crecimiento que sean sostenibles a partir de la oferta de capital natural para la producción de bienes y servicios ambientales, representada en más de 62.829 especies registradas, 24,8 millones de hectáreas con aptitud forestal y un potencial eólico de 29.500 Megavatios (SiB, 2018; UPRA, 2018; UPME, 2015).
    Igualmente, esta política reconoce que el desarrollo económico actual será insostenible a largo plazo, ya que degrada y agota la base de los recursos para la producción económica y genera altos costos para el ambiente y la sociedad, valorados en más de 16,6 billones de pesos, equivalente al 2,08 % del producto interno bruto (PIB) del 2015 (DNP, 2018).
    Lo anterior, hace necesario internalizar las externalidades negativas del desarrollo de manera que los sectores sean cada vez más competitivos, más sostenibles en el uso de los recursos y generen menos impactos ambientales. Con el fin de llevar al país a una transición hacia un modelo económico más sostenible, competitivo e inclusivo, el presente documento CONPES contiene la Política de Crecimiento Verde para el país, la cual se compone de cinco ejes estratégicos.
    1. Orientado a generar nuevas oportunidades económicas que permitan diversificar la economía a partir de la producción de bienes y servicios basados en el uso sostenible del capital natural.
    2. Busca mejorar el uso de los recursos naturales en los sectores económicos de manera que sean más eficientes y productivos, y se reduzcan y minimicen los impactos ambientales y sociales generados por el desarrollo de las actividades productivas.
    3. Promueve la generación y el fortalecimiento del capital humano para afrontar los nuevos retos de conocimiento y experiencia que genera el crecimiento verde.
    4. Establece acciones estratégicas en materia de ciencia, tecnología e innovación como herramienta necesaria para avanzar hacia cambios en los sectores productivos y encontrar nuevos procesos, insumos y tecnologías más eficientes que generen valor agregado a la economía nacional.
    5. Expone las acciones para asegurar una coordinación y articulación interinstitucional requeridas para la implementación de la presente Política, al igual que el fortalecimiento de las capacidades para la generación de información necesaria 4 para la toma de decisiones en crecimiento verde y mecanismos para la financiación de proyectos sostenibles.
    Esta política se encuentra alineada con los compromisos internacionales como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, la implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático y las recomendaciones e instrumentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Igualmente, se articula con políticas y planes nacionales en materia sectorial y ambiental. La política se implementará durante un horizonte de tiempo de 13 años (2018-2030) y comprende acciones específicas de carácter intersectorial lideradas por el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Trabajo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Departamento Nacional de Planeación, entre otras entidades. La implementación de la política requiere inversiones indicativas estimadas de 2,3 billones de pesos.

  • Ley 1909 de 2018 – Estatuto oposición

    Por medio de la cual se adoptan el estatuto de la oposición política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes

  • Ley 1908 de 2018 – Organizaciones criminales

    Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones

  • Ley 1901 de 2018 – Sociedades BIC

    Por medio de la cual se crean y desarrollan las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo (BIC).

  • Ley 1900 de 2018 – Equidad de género en la adjudicación baldíos

    Por medio de la cual se establecen criterios de equidad de géneros en la adjudicación de las tierras baldías, vivienda rural, proyectos productivos, se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones

  • Ley 1898 de 2018 – Protocolo modificatorio Alianza Pacífico

    Por medio de la cual se aprueba el «Primer protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la Alianza del Pacifico», firmado en paracas, Ica, república del Perú, el 03 de julio de 2015, y el «segundo protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la Alianza del Pacifico», firmado en Puerto Varas, república de Chile, el 01° de julio de 2016.»

  • Ley 1897 de 2018 – Fondo cooperación Alianza pacífico

    Por medio de la cual se aprueba el «Acuerdo para el establecimiento del fondo de cooperación de la Alianza del Pacifico», suscrito en Cali, república de Colombia, el 22 de mayo de 2013

  • Resolución MADS 1084 de 2018 – Metodología valoración económica

    Por la cual se establecen metodologías de valoración de costos económicos del deterioro y de la conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se dictan otras disposiciones.
    OBJETO. Adoptar el documento técnico Guía de la valoración económica ambiental, como un documenrto de orientación de carácter conceptual y metodológico, en el cual se establecen las metodologías de valoración del costos económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables

  • Consulta Normativa MADS – Prorroga Zonas de Protección

    “Por medio de la cual se prorroga el término de duración de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente establecidas mediante la Resolución 1628 de 2015 y prorrogadas a través de la Resolución 1433 de 2017 y se adoptan otras determinaciones”.
    OBJETO: Prorrogar por el término de un (1) año, los efectos jurídicos de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, realizando ajustes en los límites de algunos de los polígonos y manteniendo las áreas de otros, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 1628 de 2015 y 1433 de 2017.
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  • Plan Manejo Erosión Costera – MADS

    El Plan Maestro de Erosión Costera en Colombia está diseñado para brindar las herramientas a las instituciones gubernamentales y a los actores con injerencia en temas marino-costeros para adoptar las medidas necesarias para resolver los problemas ocasionados por la erosión costera. Dicho Plan pretende incluir una visión holística sobre los problemas de erosión costera y de la participación de los agentes institucionales a nivel local, regional y nacional, con el objetivo de definir la responsabilidad de cada uno en la prevención, mitigación y control de la erosión costera en el marco de una adecuada gobernanza.
    Este plan se desarrolló en el marco de un Convenio de Cooperación Internacional, el N° 466 de 2014, entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MinAmbiente y la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia. Su coordinación se realizaó mediante un Comité Directivo (constituido por MinAmbiente, el Rijkswaterstaat (RWS), la Agencia Empresarial de los Países Bajos (RVO) y La Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia) y con el apoyo de un órgano consultivo denominado el Comité Técnico (conformado por MinAmbiente, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras «José Benito Víves de Andréis»- INVEMAR, la Dirección General Marítima – DIMAR y el Servicio Geológico Colombiano).

  • Decreto 1090 de 2018 – Uso y Ahorro eficiente de agua

    Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones.
    OBJETO. Reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las Autoridades Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua.

  • ACM – Informe Legislatura 2017 — 2018

    Legislatura ordinaria 2017 -2018. Se radicaron 506 proyectos, de los cuales 74 impactaban el sector minero y se sumaron a los 21 que sobrevivieron de la legislatura 2016 – 2017, para un total de 95 iniciativas priorizadas.
    Fast Track. Inicialmente el Gobierno habló de una lista de proyectos superior a cien (100), pero en razón a las decisiones de la Corte Constitucional y al entorno político, solo se radicaron veinte proyectos, de los cuales solo lograron su aprobación once. (creación JEP y Estatutaria, Fondo Paz – Regalías, Participación política entre otros)

  • Decreto 943 de 2018 – Alumbrado público

    ‘Por el cual se modifica y adiciona la Sección 1, Capitulo 6 del Título III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público»