Normas vigentes

Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, en relación con los mecanismos necesarios para determinar la procedencia y trazabilidad de los minerales, registrar las transacciones mineras y establecer las herramientas de control necesarias para su aplicación

Por medio del cual se adopta el Plan de Expansión Portuaria: Política Nacional Portuaria Modernización y Sostenibilidad de la Actividad Portuaria y su articulación con el Territorio.

OBJETO: Adoptar El Plan de Expansión Portuaria: Política Nacional Portuaria: Modernización y Sostenibilidad de la Actividad Portuaria y Su Articulación con el Territorio, contenido en el documento CONPES 4118 el cual fue considerado y aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social ­ CONPES en sesión del 14 de julio de 2023.

Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

OBJETO. Que la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME modificó su estructura debido a la necesidad de robustecer su organización en términos administrativos y desarrollar actividades de gestión de información sectorial que deben reflejarse en la planeación del sector minero energético. Que, en consecuencia, se requiere ajustar la planta de personal a las nuevas dependencias que integran la estructura de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME.

Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME.

OBJETO: Que la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME desde su última reestructuración dada en el año 2013 mediante Decreto 1258 de 2013 le han asignado múltiples competencias y funciones, en más de 15 temáticas sectoriales, con la consecuente asunción de nuevos retos y que por ende, requieren de una estructura robusta que le permita funcionar de manera sinérgica y articulada para lograr responder a estos.

La Corte declaro la inexequibilidad del artículo 19 de la Ley 2277 de 2023, por considerar que se desconoce la capacidad contributiva de los sujetos obligados, viola el principio de confianza legitima de las empresa que suscribieron contratos, además se incrementa artificialmente la base gravable haciendo que el impuesto sea confiscatorio.