Normas vigentes

Por medio de la cual se precisa el límite de la Reserva Forestal Protectora Nacional la cuenca Alta del Rio Jirocasaca, declarada mediante acuerdo No. 011 Bis de 1981 del Inderena, aprobado mediante Resolución Ejecutiva No. 0241 de 1981 del Ministerio de Agricultura.
 
 

Por la cual se asignan funciones al interior del MADS  a efectos de dar cumplimiento a la Sentencia T-361 de 2017 en torno al Complejo Páramo Jurísdiciones Santurban – Berlín

Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) fueron creadas por la Ley 1776 de 20161 para promover el desarrollo económico competitivo en territorios con aptitud agrícola, pecuaria, forestal y piscícola con limitaciones considerables para consolidarse como centros de productividad y competitividad agropecuaria, en beneficio del desarrollo humano y social de la población rural.
La ley señala las restricciones y requisitos que deben cumplir las zonas a ser declaradas como Zidres. Así mismo, establece diferentes competencias institucionales con relación a su identificación, delimitación y aprobación2. En tal sentido, la identificación de las Zidres estará a cargo de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA); su delimitación en cabeza del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y su aprobación se hará por parte del Gobierno nacional a través de decreto.
Por su parte, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-077 de 2017, estudió la constitucionalidad de la Ley 1776 de 2016 y la declaró exequible. Sin embargo, señaló condicionalmente exequibles los apartes concernientes a la identificación, delimitación y aprobación de las Zidres, y ordenó adelantar simultáneamente actividades de información, concertación y coordinación con los concejos municipales de las entidades territoriales que resulten afectadas por estas decisiones.
En este orden de ideas, este documento de política presenta un conjunto de áreas rurales de referencia que han sido estimadas como potenciales para adelantar los procesos de identificación y posterior delimitación de las Zidres, debido a que cumplen con las condiciones legales y con las recomendaciones de la UPRA relacionadas con la aptitud agrícola, pecuaria, forestal y piscícola.
La estimación de dicha potencialidad se fundamenta en la aplicación de una metodología elaborada por la UPRA, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el DNP, en la que se adoptan e implementan criterios técnicos y objetivos que permiten analizar las restricciones y los requisitos contenidos en el marco legal para las Zidres. Este análisis cuantifica y representa espacialmente en cartografía las áreas rurales del país que cumplen simultáneamente con dichas restricciones y requisitos, arrojando áreas que se consideran de referencia para ejercicios posteriores de definición de las Zidres. Lo anterior sin perjuicio de que, al ser un ejercicio dinámico, se puedan incluir o excluir hacia adelante otras áreas de referencia, por ejemplo, por la procedencia de sustracciones autorizadas por la ley o, por la ampliación de zonas protegidas por el sector ambiental, entre otros posibles casos.
Es necesario aclarar que el proceso metodológico para hallar las áreas de referencia no implica su identificación, delimitación o aprobación como Zidres. Estos procesos requieren de diversas actividades técnicas que deben ser adelantadas en cada territorio de manera informada, concertada y coordinada con los concejos municipales, como es el caso, entre otros, de la verificación del cumplimiento de las restricciones y requisitos mediante información primaria, el análisis de la información catastral, la realización de estudios de suelos, la elaboración de planes de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y el diseño de un plan de desarrollo rural integral.
En consecuencia, las áreas de referencia que este documento CONPES relaciona son un insumo para planificar y adelantar de manera estratégica y eficiente los procesos de identificación definitiva y posterior delimitación de las Zidres, con lo cual será posible organizar y orientar los recursos técnicos, institucionales y presupuestales necesarios para tal fin, garantizando la participación de los concejos municipales en los términos definidos por la Sentencia C-077 de 2017 de la Corte Constitucional.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el producto de un consenso general en torno a un marco medible para alcanzar niveles mínimos que garanticen la prosperidad, el bienestar de las personas y la conservación del ambiente.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus ODS integran en sus tres dimensiones social, económica y ambiental, importantes retos a nivel global y nacional. Entre ellos se encuentra la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para promover acciones transversales, la capacidad del Gobierno para cuantificar los avances de las metas propuestas, la alineación de la agenda con los instrumentos de política territoriales, la coordinación de acciones con diferentes actores sociales, así como la movilización de recursos en todos los niveles.
Colombia se ha destacado por liderar la implementación de agendas como la de los ODS, las alianzas por el cambio climático y la adopción de estándares mundiales como los desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A través de los ODS, el país tiene el reto de avanzar sobre metas concretas y consolidar avances en materia de pobreza, educación y protección del medio ambiente, entre las principales.
El presente documento establece las metas y las estrategias para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS en Colombia. Genera una hoja de ruta para cada una de las metas establecidas, incluyendo indicadores, entidades responsables y los recursos requeridos para llevarlas a buen término.

La adecuación de tierras (ADT) es entendida en Colombia como un servicio público integrado por los componentes de riego, drenaje y protección contra inundaciones, prestado mediante obras y equipos especializados. Su área de influencia es denominada distrito de ADT. Se estima que el riego, en particular, puede duplicar el rendimiento por hectárea cultivada  y aumentar en más de un 80 % el ingreso promedio mensual de los productores agropecuarios en Colombia (Perfetti, Balcázar, Hernández, & Leibovich, 2013, pág. 205).
Aunque el país cuenta con 18,4 millones de hectáreas con aptitud agropecuaria con potencial para ser desarrolladas con ADT (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria [UPRA], 2018), se estima que solo 1,1 millones de hectáreas cuentan con este servicio (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural [Incoder], 2014a, pág. 29), lo que representa una cobertura del 6 %. Esta situación contrasta con la presentada en otros países latinoamericanos, en los que se han adoptado políticas públicas para aprovechar estratégicamente las áreas potenciales para ADT; tal es el caso de México con una cobertura del 66 %, Chile con el 44 %, Perú con el 40 %, Brasil con el 18 % y Argentina con el 15 %.
La prestación del servicio público de ADT en Colombia no ha sido ampliada de manera significativa desde los años noventa. La baja cobertura en el país se explica principalmente por debilidades en la planificación del desarrollo de mediano y largo plazo de nuevos proyectos de ADT. Esto se refleja en bajos niveles de inversión y poca articulación con las entidades territoriales, la institucionalidad ambiental y el sector privado para impulsar proyectos productivos agropecuarios integrados con ADT.
A la vez, se enfrentan limitaciones para asegurar un servicio adecuado en las áreas que actualmente cuentan con distritos de ADT. Más de la cuarta parte de los distritos de ADT que han sido construidos y desarrollados con apoyo presupuestal del Gobierno nacional no funcionan. Esto se debe, en gran medida, a debilidades administrativas y operativas para la prestación del servicio.
El presente documento de política establece un marco estratégico para los próximos veinte años, orientado a mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental de los sistemas productivos beneficiados con este servicio público. Esta política se enmarca en la estrategia de transformación del campo del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país, mediante la cual se impulsa la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios sectoriales y, así mismo, en el enfoque de crecimiento verde para lograr desarrollo sostenible en el largo plazo. Igualmente, responde al Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP. En este se establecen lineamientos para impulsar la economía campesina, familiar y comunitaria, y se reconoce la importancia de la infraestructura de riego y drenaje para este fin.
Esta política orientará el desarrollo de la adecuación de tierras como instrumento de la productividad y competitividad agropecuaria, a través de cuatro objetivos específicos: (i) consolidar información para mejorar la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de la política, (ii) promover la coordinación interinstitucional para mejorar la ejecución de los proyectos integrales de ADT, (iii) mejorar la eficacia y eficiencia de las inversiones en ADT para lograr un mayor impacto en la productividad y competitividad agropecuaria, y (iv) actualizar el marco legal para la implementación de la política de ADT.