No hay quien detenga la minería ilegal en el Bajo Cauca

Mientras lee este artículo, en el Bajo Cauca hay un número indeterminado de dragas ilegales y retroexcavadoras revolcando toneladas de arena en las riberas y afluentes del río Nechí, derribando árboles, abriendo enormes cráteres en la tierra…
Sacan, día y noche, un oro que no les pertenece, sin tener título minero, y menos una licencia ambiental, no deben reforestar un centímetro y no pagan un peso de impuestos al Estado. En suma, un negocio redondo sin control alguno que, según el dueño, se llama minería informal o minería criminal, igual ambas por fuera de toda ley.
Y sin quien detenga de forma efectiva las rentables operaciones, pues los costos son una tercera parte de lo que valdrían cumpliendo todas las normas, cada vez son más las dragas brasileras y buldóceres que no se bastan con degradar los baldíos de la Nación, como pudo constatar este diario el 4 de marzo pasado, durante un sobrevuelo y recorrido por el río Nechí. Dentro de los títulos asignados a la empresa Mineros S.A. para extraer oro con sus dragas en los municipios de El Bagre, Nechí, Caucasia y Zaragoza, las otras dragas, las “brasileras” ilegales, ya han degradado, 4.161 hectáreas, por lo menos. Eso es casi la mitad del área urbana de Medellín.
Con 42 puntos de minería ilegal a lo largo del río Nechí identificados, y advertidos a todas las autoridades desde el 7 de febrero pasado, se calcula que son al menos 60 dragas que, sumado a la maquinaria pesada, pueden emplear de forma irregular a unas 700 personas, casi la misma cantidad de trabajadores de Mineros, la mayor productora legal de oro del país.
Destruir lo recuperado
Pero la sed avara por esas pepitas doradas no tiene límites, y menos ambientales. Unas 1.200 hectáreas han sido recuperadas y reforestadas por la compañía, para compensar el impacto de su operación. Sin embargo, 134 hectáreas, lo equivalente a 181 canchas de fútbol profesional, dejaron de ser verdes: se sumaron a una costra amarilla que crece todos los días por cuenta de la minería informal y criminal.
Y como la creencia es que de donde se sacó oro, quedó oro, los invasores decidieron volver desde el año pasado a ‘reciclar’ las tierras consolidadas ambientalmente donde crecían bosques, plátano, maíz y otros cultivos. Por esos predios pasaron hace más de siete años las dragas legales de Mineros, pues bien, hoy 40 hectáreas de parcelas agroforestales están convertidas en grandes huecos y colinas de arena y barro.
“Solicitamos la acción enérgica del Estado para controlar estas actividades ilegales que destruyen sin consideración el esfuerzo de recuperación ambiental…”, escribió con impotencia Beatriz Uribe Restrepo, presidente de Mineros, a la Gobernación, Secretaría de Minas, Corantioquia y los ministerios de Minas, Ambiente y Defensa (lea la carta completa en elcolombiano.com). La petición se da luego de agotar todas las herramientas jurídicas del titular minero y porque no han servido de nada, dice la carta, 13 amparos administrativos ante la Agencia Nacional de Minería (ANM), e igual número de avisos a las alcaldías, informes a la Policía y denuncias ante la Fiscalía. Esto sin contar 174 reportes, de nuevo a las autoridades competentes, de igual número de invasiones mineras registradas con maquinaria pesada desde junio de 2010.
¿Y quién responde?
Desde el 6 de marzo pasado, El Colombiano buscó respuestas en todas las autoridades competentes, pero al cierre de esta edición, 16 días después, el Ministerio de Medio Ambiente ni la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente de la Fiscalía atendieron la reiterada solicitud de qué acciones efectivas tomarán ante la problemática. Entre tanto, las otras dependencias locales, departamentales y nacionales que tienen algún grado de responsabilidad coinciden en tres cosas: advertir lo compleja de la situación, las limitantes normativas para actuar y que falta mucho por hacer.

Sin embargo, siempre aclarando su estricta competencia, tampoco ofrecen salidas oportunas. Son más los anuncios que las acciones para detener un cáncer ambiental que no solo afecta los títulos de Mineros (ver Reacciones). Por ley, quien debe ser el primero en responder ante estas situaciones es el alcalde. En el caso de El Bagre, su mandatario, Harold Echeverri Avendaño, señaló que “estamos en trámite de revisar cómo esos predios son restablecidos en lo minero, social y ambiental” y aclara que se ha presentado la debida atención a todos los requerimientos administrativos que direcciona a la Policía.
Pero este excomerciante de oro omite que el Código de Minas lo obliga a no solo actuar por solicitud, sino de oficio, y en sus respuestas se advierte su prevalencia por “mas capacitación y menos represión, esta última solo cuando la tenga que haber, pero no debe ser la constante”. De fondo: ¿qué garantías de seguridad puede tener Echeverri si enfrenta la minería criminal? ¿le conviene políticamente en un pueblo minero irse en contra de la mayor fuente de ingresos de sus pobladores?
Enterado del caso de Mineros, el coronel José Gerardo Acevedo Ossa, director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía, dijo que “pronto se intervendrá en el Bajo Cauca” y todo indica que procede la destrucción de maquinaria, a partir de unas leyes vigentes que considera laxas. El Bajo Cauca entra a lista de prioridades, según el oficial. Él lidera la Fuerza de Tarea Conjunta contra la minería criminal, creada el 7 de febrero pasado. Esa nueva instancia del Gobierno sienta en la misma mesa a coordinarse a 12 ministerios y entidades. Además tiene 600 policías, 250 funcionarios y el apoyo local del Ejército en los operativos que, por cierto, tardan por lo menos en 15 días para prepararse, mucho más tiempo que el necesario para una draga moverse del sitio denunciado.
Por su parte, la Gobernación de Antioquia se asume como “articulador” y sin competencia directa, coinciden los secretarios de Gobierno, Santiago Londoño Uribe, y de Minas, Claudia Cadavid. El primero argumentó que “no existe una política minera integral en el territorio que reconozca características particulares en cada región. Con lo que hay hoy, se puede, básicamente, reaccionar y contener”.
La segunda, recalcó varias veces que su “labor está asociada a la minería legal”. Añadió que se instauró en el Bajo Cauca el “primer laboratorio de formalización del país” con 150 unidades mineras (entables) y 100 fueron diagnosticadas a 2013. Ahora falta que se terminen de elaborar planes de manejo técnico y ambiental para entrar en “transición a la legalidad”. Pero es un proceso que va para largo y en él se amparan los dragueros invasores ante cualquier requerimiento, como se pudo verificar.
Desde Corantioquia hay gran preocupación por los efectos de la minería ilegal, pero hay limitaciones insalvables para que pueda aplicar las sanciones de ley: “no todas las zonas están bajo control de la Policía y el Ejército (…) y cuando hay una actividad ilícita cuidada por alguien con un fusil no aplica ir a decir: ‘vea, vine a ponerle una medida preventiva de la actividad’ o ‘por favor, quita la draga y se la lleva’, eso no va a pasar”, puntualizó Alejandro González Valencia, director de esta autoridad ambiental regional.
Por último, el viceministerio de Minas, César Díaz Guerrero, anunció tareas en dos vías: una revisión normativa, sin precisar fecha para cuando esté lista, que permita una acción más contundente y efectiva; así como avanzar en formalización, “que no solo es legalización (…) un minero que esté en ese proceso también puede ser intervenido y se expone a sanciones ambientales, pues el impacto ambiental es independiente de la titularidad”, acotó el funcionario.
Sin duda, todas las instancias tienen buenas intenciones desde lo que les cabe para coordinarse y trabajar en la misma dirección, pero las dragas van más rápido, crecen en número y no están a la espera de que el Gobierno les quite el negocio.

CLAVES
TRÁMITES PARA UN OPERATIVO: POLICÍA
1. Realizar sobrevuelos de monitoreo de la zona afectada, sea por mineros informales o los criminales.
2. Sobreponer a la ubicación los títulos mineros, con apoyo de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
3. Informe al Fiscal para motivar el allanamiento. Pueden pasar 15 días para tener una respuesta.
4. Concertar fecha con peritos que van al operativo: biólogos, ing. químico, ambiental y de minas.
5. Sobrevuelo final y verificación de seguridad en zona y espacios para destruir la maquinaria ilegal.
6. Si se trata de invasor (informal o criminal) en título, no se destruye maquinaria por acuerdo tras paro.
7. En ese caso, se debe evaluar cómo sacar maquinaria para presentarla a la Fiscalía.
8. Realización del operativo, con riesgo de que minero ilegal esté en formalización y “se caiga la acción penal”.

REACCIONES
SON MÁS LAS ENTIDADES CON ROLES ANTE MINERÍA ILEGAL QUE LAS ACCIONES EFECTIVAS
Harold Echeverri Avendaño
Alcalde de El Bagre (Antioquia)
“Cuando hay llamados de la empresa (Mineros), los direccionamos a la Policía y, según las circunstancias, se hacen operativos, Esta administración viene trabajando en formalización de nuestros mineros”.
CR. José Gerardo Acevedo 
Líder de unidad antiminería criminal
“Las normas son muy laxas, el Código Minero no contempla sanciones que espanten a quienes hacen minería ilegal, las que más afectan a las personas son los delitos ambientales que sí generan cárcel”.
Santiago Uribe Londoño
Secretario de Gobierno de Antioquia
“Estamos elaborando un protocolo contra las minería ilegal, para que los alcaldes tengan herramientas y sepan cuál es su papel para reaccionar de manera preventiva y reactiva ante esa minería”.
Claudia Cadavid Márquez
Secretaria de Minas de Antioquia
“La Gobernación no tiene una competencia directa para efectuar los cierres. No desconocemos el tema y hemos acudido al Ministerio de Minas y Energía y al Gobierno nacional en varias reuniones”.
Alejandro Gómez Valencia
Director de Corantioquia
“La Policia es la autoridad competente para destruir maquinaria pesada. Es un asunto de orden público. Desde el año pasado ya hicimos nuestra parte de tener el sistema para verificar licencias ambientales”.
Luz Helena Sarmiento
Ministra de Medio Ambiente
No hubo respuesta al cierre de esta edición, pese a la solicitud enviada desde el 6 de marzo pasado, mediante la oficina de prensa, desde la cual se anunció el miércoles una respuesta por escrito.
Gloria Elsa Arias Rangel
Fiscalía General de la Nación
Al cierre de esta edición, luego de 15 días de espera, no hubo respuesta alguna de la jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.}
Agencia Nacional de Minería
Área de Seguimiento y Control
“Es la Gobernación de Antioquia, en cabeza de la Secretaria de Minas, la encargada del seguimiento y fiscalización de actividades mineras en El Bagre. Cabe recordar que la ANM administra títulos legales”.
César Díaz Guerrero
Viceministro de Minas
“No son competencia directa nuestra los operativos contra minería ilegal, pero eso no nos exime de coordinar acciones para evitar situaciones tan lamentables como lo que le ocurre a Mineros S.A.”
Fuente: http://www.elcolombiano.com/no-hay-quien-detenga-la-mineria-ilegal-en-el…