La ACM rechaza que vía Emergencia Económica se reviva la no deducibilidad de regalías y advierte graves riesgos institucionales
La Asociación Colombiana de Minería expresa su profunda preocupación por la expedición del Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional, amparado en un supuesto Estado de Emergencia Económica, impone nuevas cargas tributarias al sector minero. Estas decisiones adoptadas, vuelven a castigar de manera desproporcionada a un sector estratégico que ya enfrenta una elevada presión fiscal, incertidumbre regulatoria y pérdida de competitividad.
Lo más alarmante es que el Gobierno insista en revivir normas que la Corte Constitucional ya declaró inconstitucionales, como la prohibición de deducir las regalías. Esto significa desconocer fallos en firme, pasar por encima del máximo intérprete de la Constitución y mostrar una preocupante intención de ignorar el ordenamiento constitucional y las decisiones judiciales ya adoptadas.
Además, los mecanismos establecidos en el Decreto, abiertamente inconstitucionales, pueden derivar en esquemas de anticipos orientados a generar recursos de corto plazo para fines políticos y que, una vez declarados contrarios a la Constitución, terminen dejando un hueco fiscal aún mayor para el próximo gobierno. Este riesgo, sumado al desconocimiento de los controles institucionales, compromete seriamente la estabilidad económica que heredará la siguiente administración.
“Es inadmisible que una Emergencia Económica sea usada para revivir decisiones judiciales que ya fueron declaradas contrarias a la Constitución, debilitando así el ordenamiento jurídico y democrático. Este decreto, además, compromete la caja del próximo gobierno y agrava la vulnerabilidad fiscal que heredará la siguiente administración”, reiteró Nariño.
La ACM hace un llamado firme a respetar las instituciones, la separación de poderes y el rol del Congreso. Las decisiones adoptadas deben volver al cauce constitucional y democrático. El país no puede normalizar que las urgencias fiscales del Gobierno se tramiten a costa del Estado de Derecho.
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