ACM rechaza estatización y restricciones en la nueva ley minera
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) manifiesta a la opinión pública su profunda preocupación y rechazo al proyecto de “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, radicado por el Gobierno Nacional en el Congreso de la República.
La nueva ley minera excluye la iniciativa privada en el desarrollo futuro del sector. Bajo este esquema, la actividad minera será adelantada principalmente por empresas estatales y sólo se permitirá la vinculación de terceros cuando su desarrollo sea imposible para el Estado.
“Este proyecto establece un modelo estatizado y centralista de la minería, que limita de manera significativa la libertad de empresa y que propicia un monopolio estatal. De expedirse, el sector minero quedará sumido en una parálisis sin precedentes, pues no habrá desarrollo minero empresarial, dejando a los territorios expuestos a la explotación ilícita de minerales, en manos de organizaciones criminales, con las consecuencias sociales y ambientales que esto acarrea.” asegura Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.
El proyecto va en contravía del desarrollo minero, pues multiplica las áreas de exclusión y restricción de manera indiscriminada, incluso se impide las operaciones en zonas que hoy son compatibles con la minería, provocando una expropiación indirecta sobre los títulos mineros vigentes.
Igualmente, queda explícita la prohibición absoluta de la exploración y explotación de carbón térmico, sin ningún plan, sin rigor técnico, sin análisis de impactos sociales, fiscales o energéticos. ¿Cómo piensa sustituir el Gobierno los empleos y aportes futuros generados por el carbón, con los cuales se financia la Nación y los entes territoriales?. A la fecha, no existe una hoja de ruta para la transición energética que garantice los derechos de quienes se dedican a esta actividad.
“Esta no es una Ley Minera, es una Ley anti-minera, porque no promueve el crecimiento del sector, por el contrario, lo debilita. Porque vulnera la libertad de empresa, la iniciativa privada y la libre competencia. Valores constitucionales que deben ser respetados por cualquier ley de la República”, recalcó Nariño.
El proyecto de ley otorga a la Autoridad Minera una peligrosa discrecionalidad para decidir dónde y bajo qué condiciones podrá desarrollarse la minería, sin criterios claros. Igualmente, pretende que se le asignen funciones al Ejecutivo que corresponden al Congreso de la República, evadiendo el debate plural y democrático sobre asuntos esenciales como la participación ciudadana y la coordinación con las entidades territoriales.
“Una ley de esta trascendencia, que busca redefinir las reglas de juego para toda una industria, para todo un país, no puede ser elaborada sin escuchar a quienes la desarrollan de manera legítima en el territorio”, concluye Nariño. Pues el sector minero no fue convocado de manera efectiva. Hace más de un año se presentaron observaciones técnicas y jurídicas que nunca fueron tenidas en cuenta ni debatidas en escenarios de diálogo real.
La Asociación insiste en que, mientras en el mundo los países avanzan en regulaciones que buscan atraer inversión, fortalecer la seguridad jurídica y trabajar de manera conjunta con el sector privado para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, Colombia opta por un camino contrario: cerrar las puertas a la minería responsable, a la inversión y al desarrollo territorial.
El país necesita una política minera moderna, equilibrada y sostenible, que siga impulsando a la minería como aliada de la inversión social, la seguridad energética y la reindustrialización, no que la condene a la desaparición.
Desde la Asociación hacemos un llamado al Congreso de la República para que de manera objetiva pondere los impactos que esta ley puede traer a la industria minera, al futuro del país, y a las regiones.
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Carolina Solano Echeverri
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