Comunicado ACM – Decisión unilateral MinAmbiente
Decisión unilateral de MinAmbiente afecta a miles de personas en Santander
• La declaratoria de áreas de reserva temporal en Santander se expidió sin un proceso de concertación efectivo con la comunidad y las autoridades locales.
• El Ministerio de Ambiente ignoró las advertencias sobre el impacto de la medida, que pone en riesgo la estabilidad económica y social de la región.
• La resolución compromete los derechos de miles de familias que dependen de la minería, sin ofrecer alternativas viables de desarrollo.
La reciente decisión del Ministerio de Ambiente de declarar áreas de reserva temporal en Santander genera una profunda preocupación en el sector minero y en las comunidades afectadas. A pesar de las advertencias y llamados a la concertación, el Gobierno expidió esta resolución sin agotar los espacios de diálogo con la comunidad, las autoridades locales y los sectores productivos, pasando por alto los principios de participación y debido proceso.
“La decisión de MinAmbiente se impuso sin garantizar un proceso real de concertación con la comunidad y las autoridades locales, afectando a miles de familias en la región. No es aceptable que se tomen medidas de esta magnitud sin estudios técnicos sólidos ni una consulta previa que garantice un desarrollo equilibrado del territorio”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Santander es una región históricamente ligada a la minería, una actividad que ha sido motor de empleo y desarrollo económico. En la provincia de Soto Norte, la minería genera sustento para miles de personas, impactando directamente la economía de municipios como Suratá, Matanza, Vetas, California, Charta, Tona y Bucaramanga.
La declaratoria de reserva temporal cubre 76 mil hectáreas adicionales, lo que, sumado a las áreas previamente delimitadas, restringe el desarrollo en una zona equivalente a dos veces el área urbana de Bogotá. Esta medida impide la exploración y explotación minera, bloqueando cualquier inversión futura en la región y limitando su potencial de crecimiento.
“Estamos ante una decisión que desconoce la realidad de los territorios. No solo afecta la minería, sino que pone en riesgo el empleo, la inversión y los proyectos productivos de toda la región. Esto no es planificación ambiental, es exclusión sin alternativas”, agregó Nariño.
Este tipo de decisiones sientan un precedente alarmante para el futuro de la industria en el país. La falta de concertación y el carácter restrictivo de esta medida podrían replicarse en otras regiones o sectores económicos, afectando el desarrollo productivo nacional.
La ACM hace un llamado al Gobierno para que se respete el derecho a la concertación real y efectiva con las comunidades y sectores productivos antes de imponer restricciones de gran impacto. “Cuando el país más necesita recursos, inversión y empleo, el Ministerio de Ambiente opta por cerrar las puertas a la minería, una actividad que aportó en 2022 más de 20 billones de pesos en regalías, impuestos y contribuciones y 15 billones de pesos en 2023. No se pueden tomar decisiones de esta magnitud sin garantizar estudios técnicos rigurosos ni ofrecer alternativas sostenibles para los territorios”, concluyó Nariño.
Contacto para medios:
Carolina Solano Echeverri
Directora de Comunicaciones ACM