Blog ACM – La nueva realidad de la violencia en Colombia
Por: Juan Sebastian Martínez – Director Económico
Uno de los principales logros sociales de los últimos años en el país es la reducción de la violencia desde los niveles impensables de comienzo de siglo hasta la condición, más moderada, por los que trasciende el país en el contexto actual. La convergencia de las políticas de seguridad, los procesos de paz y el incremento de oportunidades en los territorios son tal vez algunos de los elementos que explican – en cierta medida – la reducción de los homicidios en Colombia.
En los municipios mineros, la dinámica de la violencia refleja una realidad enmarcada por dos condiciones superpuestas: la generación de oportunidades económicas, que según los analistas es uno de los principales motores de la reducción de la violencia; y la búsqueda por el control territorial y el financiamiento de grupos ilegales que se enmarcan en algunos municipios auríferos durante los ciclos de altos precios del oro.
Una de las mejores aproximaciones a esta realidad la establecen Dube y Vargas en su artículo: Commodity Price Shocks and Civil Conflict (2013), en donde establecen dos condiciones territoriales ante los choques de precios de commodities, una en la que los mayores precios se traducen en oportunidades y, consecuentemente, en menores tasas de violencia y, otra, en la que los mayores precios impulsan un conflicto por el control territorial que incrementa los índices de violencia.
Aunque el paper ya cuenta con más de 10 años de publicado y la situación de violencia en el país ha tenido múltiples cambios desde entonces, la lógica – por lo menos desde el análisis minero – es la misma: las oportunidades, y las instituciones, reducen los índices de violencia; la ausencia de estado y la búsqueda del control territorial de grupos al margen de la Ley, en cambio, la incrementan. Para los municipios que en los análisis de la ACM consideramos como municipios mineros, la estadística de violencia muestra las dos caras de la moneda. Recordemos que los municipios considerados como “mineros” son aquellos donde se genera el 90% de las regalías del país y son cobijados por una producción minera legal, formal y con una tradición de cumplir distintos estándares nacionales e internacionales, pero donde además convergen fenómenos de ilegalidad en territorios de alto potencial minero – principalmente aurífero -. Es decir, municipios cobijados por la institucionalidad y oportunidades, como bien lo hemos expuesto en los distintos blogs de la ACM, en donde además – en algunos de ellos – se comparten espacios de ilegalidad.
Es así como en la serie se observan periodos en donde la violencia en los municipios mineros es inferior al promedio nacional, a mi juicio jalonado por la correlación de oportunidades y menores tasas de violencia, pero que en los ciclos de altos precios del oro cambia la tendencia frente al promedio por el incremento de la violencia ocurrida por la búsqueda del control territorial de grupos al margen de la Ley.
Esta tendencia, sin embargo, se ha roto en los años recientes. A pesar de estar pasando por un periodo de precios históricamente altos en el oro el promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025 de los municipios mineros es inferior al promedio de municipios no mineros no urbanos y muy cercano al promedio nacional.
Si bien algunos analistas asocian la reducción reciente de la violencia en Colombia con un cambio en las formas de la violencia en el país, es decir el incremento de una violencia silenciosa que no se registra en muertes sino en secuestros y otros actos de extorción, lo cierto es que en los municipios mineros se ha incrementado la presencia de instituciones que permiten fortalecer los mecanismos de reducción de la violencia. Las nuevas minas de oro que desde 2020 han incrementado su presencia en el país y el incremento de procesos de formalización a través de mecanismos exitosos relacionados con la coexistencia en parte pueden explicar esta importante reducción de la violencia, a pesar de los graves procesos de ilegalidad denunciados por los entes de control. Sin duda es y será un fenómeno que debe ser estudiado con mayor profundidad y hacerle un permanente seguimiento. La fórmula mágica no existe pero sin duda tiene un ingrediente común: las oportunidades y las instituciones. En una buena combinación de actores en el territorio – tanto públicos como privados – podremos avanzar hacia una reducción de la violencia ejemplar.