Normatividad en trámite

Por medio de la cual se adiciona el decreto 1056 de 1953- código de petróleos, la ley 10 de 1961- disposiciones en el ramo de petróleos, se adiciona y modifica la ley 685 de 2001- código de minas y se dictan otras disposiciones.
OBJETO.  La presente Ley tiene por objeto garantizar la contratación de mano de obra local calificada y no calificada en los municipios en los que se desarrollen proyectos de exploración y producción minera y de hidrocarburos.  Asimismo, pretende que las empresas nacionales y las compañías extranjeras que desplieguen actividades de exploración y producción minera y de hidrocarburos, establezcan su sede principal domiciliada en el municipio o distrito capital del departamento en donde las desarrollen.

Por la cual se ordena la implementación del programa de formalización y transferencia con criterio progresivo de ocupaciones en baldíos adjudicables de la nación en zonas específicas del territorio nacional
OBJETO. Que en importantes regiones de Colombia donde existen la mayoría de los baldíos potencialmente adjudicables, caracterizados por el abandono histórico del Estado, siendo hoy más urgente que nunca aprovechar las condiciones de paz para promover la formalización de la tierra y sus efectos positivos que se propagan, tales como, al aumento de la inversión, el crédito, los bienes territoriales, y el mejoramiento de la capacidad de las administraciones locales para el bienestar general de la población y la consolidación del Estado de derecho.  Con este proyecto de ley se evita la transferencia gratuita de baldíos, inexplicable e injustificable desde el punto de vista constitucional por desatender al balance fundamental con los intereses de los trabajadores agrarios.

Por medio del cual se modifica y adiciona la Ley 1448 de 2011 para establecer instrumentos jurídicos que faciliten y aseguren la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
OBJETO. A la fecha no solamente no se ha realizado esta reforma normativa sino que tampoco se advierte voluntad política por parte del gobierno nacional para hacerla. En consecuencia, consideramos necesario impulsar su ajuste mediante una iniciativa legislativa que permita modificar y adicionar algunas disposiciones normativas contenidas en la ley 1448 de 2011, que den cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo final, en especial, los puntos 1, 5 y 6, en materia de derechos de las víctimas, así como algunas propuestas de reforma presentadas por víctimas y organizaciones de víctimas.

Por medio del cual se modifica el Código Sustantivo del Trabajo, con el fin de armonizar el derecho de huelga con los Convenios sobre Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo
OBJETO. El régimen legal de la huelga, previsto en los decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951 contemplan un enfoque restrictivo de la huelga como prohibición que debe ser actualizado de conformidad con lo ordenado por el artículo 56 de la Constitución Política. El proyecto fue construido junto con la Plataforma Agenda Laboral para la Paz conformada por: ENS, FESCOL, CAJAR, Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, CORPEIS, Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Cedetrabajo, Asolaborales, CUT, CTC  y Viva la Ciudadanía y tiene por propósito armonizar el derecho a la huelga a los Convenios sobre Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. El derecho de huelga está regulado en Colombia en el Código Sustantivo del Trabajo bajo una perspectiva pre-constitucional que no consulta el espíritu del constituyente ni los convenios mencionados, que integran el bloque de la constitucionalidad que amerita la propuesta de reforma al régimen de intervención legal.

Por medio de la cual se incorporan al Título XII del Código Penal (ley 599 de 2000) disposiciones tendientes a combatir grupos armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas; grupos de seguridad que ejecuten actos ilegales; paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas u otras denominaciones equivalentes
OBJETO. Reforzar las garantías en materia de seguridad pública y la administración de justicia, dotando al sistema judicial de herramientas legales para desmantelar las estructuras económicas y políticas que sostienen el actuar paramilitar por medio de la tipificación de las conductas relacionadas con la conformación de grupos civiles armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, grupos de seguridad que ejecuten actos ilegales, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad ilegales u otras denominaciones equivalentes.