Propuestas de los candidatospresidenciales para el sector minero

SECTOR MINERO

Se buscarán fuentes de financiación para la descarbonización de las economías que permita obtener compensaciones por dejar enterradas las reservas de carbón y petróleo y establecer una política tributaria justa y progresiva acudiendo al enfoque de justicia climática.

No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto.

Se restablecerá el control ambiental de las cuencas hidrográficas destinadas a la generación de energía y proyectos mineros, por parte de las autoridades ambientales para garantizar la gobernanza del agua.

Se incrementarán los controles ambientales, laborales y fiscales sobre la minería en curso.

Se exigirá a las empresas mineras responsables de los pasivos ambientales la rehabilitación de las áreas intervenidas y en riesgo inminente, la descontaminación de los ríos, así como el restablecimiento de los derechos de las poblaciones afectadas y fortaleceremos y el cumplimiento de las cláusulas referentes al financiamiento de las acciones que conlleven al cierre apropiado de las explotaciones mineras.

Se protegerá la minería ancestral y artesanal, así como la minería de subsistencia y de pequeña escala.

Se desmontarán gradualmente aquellos beneficios tributarios que sin debida justificación económica y social introducen graves distorsiones a la competencia, incentivan la extracción minero-energética.

EXTRACCIÓN ILÍCITA DE MINERALES

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INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL Y MINERA

Separación de las funciones ambientales de las de control, transformación del proceso de elaboración de impacto ambiental y la creación de un fondo de promoción de la transición energética con recursos de la minería del carbón.

Se creará un fondo para la transición energética con recursos de las regalías y aquellos provenientes de la eliminación de algunos beneficios tributarios al sector de los hidrocarburos, la minería de carbón y las hidroeléctricas.

Se separarán las funciones de gestión ambiental y de autoridad para garantizar el efectivo control, seguimiento y sanción.

Los estudios de impacto ambiental y de riesgos se asumirán directamente por parte de las autoridades correspondientes a costo del responsable del proyecto, para garantizar la objetiva aplicación del principio de precaución e imponer las medidas pertinentes para la protección de la naturaleza y la reducción de riesgos.

La participación de la gente en las decisiones que tengan que ver con su territorio será de carácter vinculante.

Participación incidente de la sociedad en el esquema institucional del sector energético tanto en la planeación, como en la regulación y vigilancia, con el fin de enfrentar los efectos negativos de la posición dominante de los grandes actores y de profundizar la democratización del sector.

Se impulsará una reforma al actual código de minas y un ajuste institucional en función de la transición energética y la nueva política pública minero-energética, con perspectiva ambiental y social.

Se revisarán y ajustarán los instrumentos de vigilancia, contabilidad y fiscalización para garantizar una renta minera justa.

Se ampliará el conocimiento geológico de Colombia para la información de las reservas mineras con las que contamos, se avanzará en el ordenamiento minero y se fortalecerá el control sobre la exploración y explotación de minerales y materiales esenciales para la transición energética y el impulso a la economía productiva.

SECTOR MINERO

Obligar a las multinacionales mineras a que el mismo tratamiento que deben observar en sus países de origen lo repliquen en Colombia.

EXTRACCIÓN ILÍCITA DE MINERALES

Promover el ajuste de la normatividad ambiental y la tipificación en el Código Penal de los delitos ecológicos, a fin de proteger los recursos naturales y la salud pública, y la creación de las sanciones pertinentes para cada conducta delictiva.

INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL Y MINERA

Fortalecer las autoridades ambientales, para que realmente puedan ejercer sus funciones con la autoridad y la seguridad que les permita efectivamente judicializar a los criminales de la minería y la deforestación.

Ratificar y dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el país en protección ambiental: Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y el Acuerdo de Escazú que entró en vigor el 22 de abril de 2021.

Fortalecer el modelo institucional ambiental en su acción preventiva y correctiva para asumir los compromisos de las políticas requeridas para disminuir los efectos del cambio climático, proteger la biodiversidad y las áreas de reserva.

Establecer un plan de protección especial de la Amazonía colombiana y las zonas ricas en biodiversidad del país, que hoy están afectadas por la extracción y la deforestación.

Actualizar los POT, adecuando los mismos a la protección del agua e incluir en ellos la política de generación de energías limpias y el desarrollo productivo sustentable.

Generar confianza a la inversión en el sector minero-energético, a partir de los procesos de seguridad jurídica y de establecer reglas claras y estrategias de diálogo con las comunidades.

A través de una reforma legal, crear una ventanilla única en materia de competencias mineras, de hidrocarburos y ambientales, que unifique las competencias en una sola autoridad, a fin de garantizar que los trámites mineros y ambientales se resuelvan de manera coordinada, ágil y eficiente.

Reformar el Sistema General de Regalías para que las regiones reciban más recursos, así como garantizar una inversión eficiente y transparente de los mismos.