Asociación Colombiana de Minería presenta balance del sector durante primer semestre de 2019

Fecha • 13 septiembre, 2019

La Asociación Colombiana de Minería realizó esta mañana un análisis de los resultados económicos reportados por el sector minero colombiano durante el primer semestre del 2019. Al cierre de este periodo, los minerales como carbón, oro, níquel, cobre y esmeraldas, descendieron en su producción con respecto al mismo periodo del año anterior.

El carbón del país es el que evidencia un mayor preocupación al alcanzar 39.9 millones de toneladas producidas en el primer semestre del año, lo que representa una reducción de 6,8% frente al mismo periodo del año anterior. En ese mismo sentido se comportó la producción de éste mineral en el interior, el cual pasó de 3.9 millones de toneladas en el primer semestre del 2018, a solo 1.5 en el mismo periodo del 2019. La imposibilidad de realizar algunas ampliaciones en las operaciones del norte del país, así como la importante caída en los precios internacionales de este mineral, han afectado la dinámica de la producción en este semestre.

En cuanto al níquel, se evidencia una reducción natural de la productividad del desarrollo de la mina, mientras que en cobre, la caída en la producción es el reflejo de la huelga de más de 60 días que se presentó al inicio de este año.

Esta dinámica refleja una caída de 3,3% en el PIB minero, así como una reducción del 12% en las exportaciones, pasando de $6.007 millones de dólares en el primer semestre del 2018 a $5.275 millones de dólares en el 2019.

Al respecto, Juan Camilo Nariño Presidente de la Asociación Colombiana de Minería anotó que “es evidente que existe una realidad de menor producción de los minerales colombianos, debido en gran parte por la caída en los precios del carbón y fundamentalmente, a la materialización de un activismo jurídico con intereses ideológicos y políticos en particular con las operaciones de carbón, lo cual tendría serias implicaciones fiscales para el país y sociales para la región”.

Adicionalmente, el dirigente gremial enfatizó en la necesidad de diversificar la canasta minera del país, fomentando de manera decidida el realización de nuevos proyectos pero más enfáticamente en la construcción de una política de incentivo a la exploración minera.

Encuesta de desarrollo sostenible y expectativas mineras

Por primera vez el gremio minero desarrolló una encuesta entre sus afiliados para determinar de manera globalizada las inversiones realizadas por las diferentes compañías en materia social y ambiental. En este punto, el estudio reveló que la industria invirtió solo durante el 2018, $127.000 millones de pesos en programas sociales, principalmente en educación, salud e infraestructura vial.

En inversiones ambientales, la industria aportó $364.000 millones en programas enfocados en la preservación y cuidado del agua, aire y biodiversidad, de los cuales el 46% corresponde a inversiones de carácter voluntario. Además se evidenció que la industria realiza compras de bienes y servicios por más de 13 billones de pesos al año, donde el 72% se realizan en el país y el 29% en el área de influencia de las operaciones, impulsado así los encadenamientos productivos en las regiones.

El presidente de la agremiación, destacó el hecho de que el 83% de estas inversiones son concertadas con las autoridades locales y las comunidades, lo que refleja el compromiso del sector por incidir de manera cohesionada en los territorios.

Retos de la industria

Para finalizar, Juan Camilo Nariño hizo especial énfasis en que la modificación al Sistema General de Regalías, el trámite de la Ley de Coordinación y Concurrencia, el impulso a la exploración y la creación de una política diferenciada para el carbón; son los principales retos que debe enfrentar la industria para garantizar su desarrollo y competitividad en el país.

Para el presidente del gremio minero, estos cuatro aspectos darán viabilidad para que nuevos proyectos mineros vean la luz, mientras que se garantiza la ampliación de los ya existentes. Por otra parte, con la reforma al sistema general de regalías y la Ley de Coordinación y Concurrencia se busca armonizar el relacionamiento con los territorios, de manera que las operaciones puedan desarrollarse de manera fluida y con los beneficios para el país, los municipios y las comunidades.

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