‘‘El Diálogo debe primar en los territorio’’: Carolina Rojas, viceministra de Minas

Durante el panel ‘El territorio es para todos’, los panelistas resaltaron la importancia de mantener diálogos transparentes entre los sectores público, privado, empresas mineras y comunidades.

En primer lugar, la viceministra de Minas, Carolina Rojas, expresó la importancia de establecer diálogos entre los entes locales y gubernamentales: “yo iniciaría esta conversación diciendo que el relacionamiento con el territorio va más allá de la Ley. Este tema se enmarca en cómo el sector privado, público y minero hacen parte efectiva de los territorios”.

Así mismo, Rojas manifestó que “es importante destacar que la Sentencia 095 de la Corte Constitucional reconoce todo el trabajo que se viene haciendo desde el sector minero, incluido el proceso de audiencia que ha realizado la Agencia Nacional de Minería. Este es un proceso que la corte reconoce y que desde la institucionalidad ya hay un camino recorrido que hay que ajustar y mirar”.

“Hay un llamado de la sociedad a tener información, a tener una conversación transparente sobre qué implica un proyecto minero en su territorio. Las comunidades quieren ser escuchadas y tener una respuesta. La ley es uno de los instrumentos que debemos tener para el relacionamiento con el territorio. Hay que destacar que este sector está avanzado mucho en ese diálogo”, expresó la Viceministra de Minas.

Por su parte, Guillermo Fonseca, presidente de Cerrejón, se basó en la experiencia de la organización que dirige para proponer la transformación del diálogo social. “El diálogo social tiene que cambiar al menos en dos sentidos: tiene que ser una comunicación más cercana y permanente, pero además deben ser las primeras líneas de la organización quienes estén conversando con las comunidades en el territorio. Tiene que ser una conversación e involucramiento más cercano y continuo”.

Fonseca agregó “tenemos que salir a hablar con nuestros opositores, con ellos nunca hablamos directamente. No nos sentamos a poner sobre la mesa los aspectos que nos preocupan. Sin embargo, hay que acercarnos y hablar sobre lo que nos une y no solamente sobre lo que nos separa, para que el tiempo que invirtamos sea en salir adelante y no en agrandar nuestras diferencias”.

Así mismo, Hernán Rodríguez, socio en Dentons Cárdenas & Cárdenas Abogados, afirmó que el territorio es de todos; ni las entidades territoriales pueden decidir unilateralmente sobre un proyecto minero o extractivo, ni tampoco la Nación lo puede hacer. La Corte es clara porque dice que eso se debe hacer de manera coordinada y concurrente”.

Sobre el tema, la ministra de Justicia y del Derecho Gloria María Borrero socializó varios proyectos del Gobierno Nacional relacionados con el sector. “Estamos haciendo cambios en los procesos judiciales, también implementando una estrategia de solución de conflictos ambientales, y avanzando en un proyecto de ley para reglamentar la consulta previa”.

Recalcó que, antes de iniciar cualquier proyecto, “hay que conocer realmente el territorio, tenemos que identificar las realidades jurídicas de los ciudadanos en las comunidades, para que los proyectos a realizar sean pertinentes”. Añadió además, que se tienen que solucionar de manera definitiva todos los problemas de propiedad de tierra en el país y que todos los procesos deben ir acompañados por el catastro multipropósito, que contiene toda la información sobre la situación legal e informal de los predios.

Minería incluyente y municipios mineros

En materia de inclusión, Claudia Jiménez, del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM), contó que “llegamos a la conclusión de que la minería que debemos practicar en el país debe ser incluyente, resiliente y competitiva. Dentro del concepto de minería incluyente, una de las tensiones que existen en el territorio es que se han excluido algunos actores que tienen que ver directamente con la actividad y más por las autoridades ambientales”. Y es que este grupo ha propuesto al Gobierno Nacional la creación de la categoría de ‘Municipios Mineros’, la cual busca identificar a territorios que les interesa la minería como factor de transformación social y económico para apalancar su desarrollo.

“Es importante mencionar la autonomía territorial en medio de la diversidad, no se trata de cuestionar la naturaleza del modelo político, pero la Constitución de 1991 quiso garantizar la gobernanza territorial. Por ejemplo, el Artículo 320 dice que se podrán establecer categorías de municipios de acuerdo a su población, recursos fiscales, situación geográfica y este artículo desde ese año se ha desarrollado parcialmente”, dijo Jiménez.

A su vez, la vocera del GDIAM planteó que debe haber una bilateralidad en el relacionamiento entre el municipio con el Gobierno Nacional para la generación de recursos. “El habitante debe sentirse involucrado en el proceso de querer impulsar el desarrollo de su territorio con base en la actividad minera”, expresó Jiménez. De acuerdo a lo manifestado por Jiménez, lo anterior implica un ejercicio conjunto de las competencias para administrar el suelo y subsuelo.

Estamos haciendo cambios en los procesos judiciales, también implementando una estrategia de solución de conflictos ambientales, y avanzando en un proyecto de ley para reglamentar la consulta previa.