Normas vigentes

En esta sección encontrará la normativa con impacto en el sector minero tanto expedida como en trámite.

Busqueda

  • Consulta Normativa MADS – Proyecto de Decreto Zonificación Ambiental Participativa

    “Por medio del cual adopta el documento técnico orientador para la formulación e implementación del Plan de Zonificación Ambiental Participativa”
    OBJETO. Adoptar el documento técnico orientador para la formulación e implementación del Plan de Zonificación Ambiental Participativa
    [email protected] y [email protected]
     
     

  • Resolución MADS 1263 de 2018 – Gestión Manglares

    Por medio de la cual se actualizan las medidas para garantizar la sostenibilidad y la gestión integral de los ecosistemas de manglar, y se toman otras determinaciones.

  • Resolución MADS 1259 de 2018 – Cambios menores minería

    Por la cual se señala los casos en los que no se requerira adelantar trámite de modificación de la Licencia Ambiental o su equivalente, para aquellas obras o actividades consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos del sector minero
     
     

  • Resolución MADS 1256 de 2018 – Parque Natural Chiribiquete

    Por medio de la cual se reserva, delimita, alindera y declara como parte del Parque Nacional Natural la Serrania Chiribiquete un área ubicada en los municipios de Calamar, Miraflores y San José del Guaviare en el departamento de Guaviare y San Vicente del Caguan y Solano en el Departamento de Caqueta.

  • Decreto 1211 de 2018 – Mesa Pueblo Raizal

    Por el cual se crea la mesa de interlocución, participación y seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional con el Pueblo Raizal.
    OBJETO. Crear la Mesa de interlocución, participación y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tendientes a expedir los instrumentos normativos que desarrollen el artículo 131 de la Ley 1753 de 2015, bajo la coordinación del Ministerio del Interior.

  • Decreto 1190 de 2018 – Ramsar Zapatosa

    «Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, con el fin de designar al complejo cenagoso de Zapatosa para ser incluido en la lista de Humedales de Importancia Internacional Ramsar, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 357 de 1997»
    OBJETO. Designar al Complejo Cenagoso de Zapatosa para ser incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, el cual se encuentra delimitado, según los estudios elaborados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual comprende un área de 121.725,01 hectáreas aproximadamente

  • Ley 1913 de 2018 – Instancia Paisaje Cultural Cafetero

    Por medio de la cual se crea la comisión intersectorial como instancia que coordine y promueva programas y actividades que se desarrollen en las zonas del paisaje cultural cafetero colombiano (PCCC) y se fortalezcan las estrategias y criterios que la Unesco definió para inscribirlo en la lista de patrimonio mundial.
    OBJETO. Crear una instancia que coordine, haga seguimiento y promueva los planes, programas, proyectos, Ias actividades e inversiones que realicen entidades oficiales nacionales, territoriales; orgamsmos multilaterales y otras entidades u organismos que manejen temas de cooperación internacional, en las zonas cubiertas por el Paisaje Cultural Cafetero Colombiano.

  • Decreto 1167 de 2018 – Zonas Microfocalizadas

    «Por el cual se modifica el artículo 2. 15. 1. 1. 16 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las zonas microfocalizadas»
    OBJETO: Adecuar la presentación de las solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, para dar cumplimiento a los principios de progresividad y gradualidad de la acción restitutiva, que implican que esta se implemente en terreno, de manera ordenada, secuencial y sostenible en todo el país, salvaguardando, la seguridad jurídica de la zona intervenida teniendo en cuenta la temporalidad de la Ley 1448 de 2011.

  • Resolucion MADS 1208 de 2018 – RFPN Rio Anchicaya

    Por medio de la cual se precisa el límite de la Reserva Forestal Protectora Nacional Rio Anchicayá, declarada mediante acuerdo No. 011 de 1943 y ampliada a través de la Resolución No. 38 de 1946 del Ministerio de Economía Nacional

  • Resolución MADS 1207 de 2018 – RFPN Rio Jirocasaca

    Por medio de la cual se precisa el límite de la Reserva Forestal Protectora Nacional la cuenca Alta del Rio Jirocasaca, declarada mediante acuerdo No. 011 Bis de 1981 del Inderena, aprobado mediante Resolución Ejecutiva No. 0241 de 1981 del Ministerio de Agricultura.
     
     

  • Resolución MADS 1195 de 2018 – Funciones MADS cumplimiento T-361 de 2017 Santurban

    Por la cual se asignan funciones al interior del MADS  a efectos de dar cumplimiento a la Sentencia T-361 de 2017 en torno al Complejo Páramo Jurísdiciones Santurban – Berlín

  • Conpes 3917 de 2018 – Zidres

    Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) fueron creadas por la Ley 1776 de 20161 para promover el desarrollo económico competitivo en territorios con aptitud agrícola, pecuaria, forestal y piscícola con limitaciones considerables para consolidarse como centros de productividad y competitividad agropecuaria, en beneficio del desarrollo humano y social de la población rural.
    La ley señala las restricciones y requisitos que deben cumplir las zonas a ser declaradas como Zidres. Así mismo, establece diferentes competencias institucionales con relación a su identificación, delimitación y aprobación2. En tal sentido, la identificación de las Zidres estará a cargo de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA); su delimitación en cabeza del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y su aprobación se hará por parte del Gobierno nacional a través de decreto.
    Por su parte, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-077 de 2017, estudió la constitucionalidad de la Ley 1776 de 2016 y la declaró exequible. Sin embargo, señaló condicionalmente exequibles los apartes concernientes a la identificación, delimitación y aprobación de las Zidres, y ordenó adelantar simultáneamente actividades de información, concertación y coordinación con los concejos municipales de las entidades territoriales que resulten afectadas por estas decisiones.
    En este orden de ideas, este documento de política presenta un conjunto de áreas rurales de referencia que han sido estimadas como potenciales para adelantar los procesos de identificación y posterior delimitación de las Zidres, debido a que cumplen con las condiciones legales y con las recomendaciones de la UPRA relacionadas con la aptitud agrícola, pecuaria, forestal y piscícola.
    La estimación de dicha potencialidad se fundamenta en la aplicación de una metodología elaborada por la UPRA, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el DNP, en la que se adoptan e implementan criterios técnicos y objetivos que permiten analizar las restricciones y los requisitos contenidos en el marco legal para las Zidres. Este análisis cuantifica y representa espacialmente en cartografía las áreas rurales del país que cumplen simultáneamente con dichas restricciones y requisitos, arrojando áreas que se consideran de referencia para ejercicios posteriores de definición de las Zidres. Lo anterior sin perjuicio de que, al ser un ejercicio dinámico, se puedan incluir o excluir hacia adelante otras áreas de referencia, por ejemplo, por la procedencia de sustracciones autorizadas por la ley o, por la ampliación de zonas protegidas por el sector ambiental, entre otros posibles casos.
    Es necesario aclarar que el proceso metodológico para hallar las áreas de referencia no implica su identificación, delimitación o aprobación como Zidres. Estos procesos requieren de diversas actividades técnicas que deben ser adelantadas en cada territorio de manera informada, concertada y coordinada con los concejos municipales, como es el caso, entre otros, de la verificación del cumplimiento de las restricciones y requisitos mediante información primaria, el análisis de la información catastral, la realización de estudios de suelos, la elaboración de planes de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y el diseño de un plan de desarrollo rural integral.
    En consecuencia, las áreas de referencia que este documento CONPES relaciona son un insumo para planificar y adelantar de manera estratégica y eficiente los procesos de identificación definitiva y posterior delimitación de las Zidres, con lo cual será posible organizar y orientar los recursos técnicos, institucionales y presupuestales necesarios para tal fin, garantizando la participación de los concejos municipales en los términos definidos por la Sentencia C-077 de 2017 de la Corte Constitucional.

  • Conpes 3918 de 2018 – Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

    Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el producto de un consenso general en torno a un marco medible para alcanzar niveles mínimos que garanticen la prosperidad, el bienestar de las personas y la conservación del ambiente.
    La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus ODS integran en sus tres dimensiones social, económica y ambiental, importantes retos a nivel global y nacional. Entre ellos se encuentra la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para promover acciones transversales, la capacidad del Gobierno para cuantificar los avances de las metas propuestas, la alineación de la agenda con los instrumentos de política territoriales, la coordinación de acciones con diferentes actores sociales, así como la movilización de recursos en todos los niveles.
    Colombia se ha destacado por liderar la implementación de agendas como la de los ODS, las alianzas por el cambio climático y la adopción de estándares mundiales como los desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A través de los ODS, el país tiene el reto de avanzar sobre metas concretas y consolidar avances en materia de pobreza, educación y protección del medio ambiente, entre las principales.
    El presente documento establece las metas y las estrategias para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS en Colombia. Genera una hoja de ruta para cada una de las metas establecidas, incluyendo indicadores, entidades responsables y los recursos requeridos para llevarlas a buen término.

  • Conpes 3926 de 2018 – Adecuación de tierras

    La adecuación de tierras (ADT) es entendida en Colombia como un servicio público integrado por los componentes de riego, drenaje y protección contra inundaciones, prestado mediante obras y equipos especializados. Su área de influencia es denominada distrito de ADT. Se estima que el riego, en particular, puede duplicar el rendimiento por hectárea cultivada  y aumentar en más de un 80 % el ingreso promedio mensual de los productores agropecuarios en Colombia (Perfetti, Balcázar, Hernández, & Leibovich, 2013, pág. 205).
    Aunque el país cuenta con 18,4 millones de hectáreas con aptitud agropecuaria con potencial para ser desarrolladas con ADT (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria [UPRA], 2018), se estima que solo 1,1 millones de hectáreas cuentan con este servicio (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural [Incoder], 2014a, pág. 29), lo que representa una cobertura del 6 %. Esta situación contrasta con la presentada en otros países latinoamericanos, en los que se han adoptado políticas públicas para aprovechar estratégicamente las áreas potenciales para ADT; tal es el caso de México con una cobertura del 66 %, Chile con el 44 %, Perú con el 40 %, Brasil con el 18 % y Argentina con el 15 %.
    La prestación del servicio público de ADT en Colombia no ha sido ampliada de manera significativa desde los años noventa. La baja cobertura en el país se explica principalmente por debilidades en la planificación del desarrollo de mediano y largo plazo de nuevos proyectos de ADT. Esto se refleja en bajos niveles de inversión y poca articulación con las entidades territoriales, la institucionalidad ambiental y el sector privado para impulsar proyectos productivos agropecuarios integrados con ADT.
    A la vez, se enfrentan limitaciones para asegurar un servicio adecuado en las áreas que actualmente cuentan con distritos de ADT. Más de la cuarta parte de los distritos de ADT que han sido construidos y desarrollados con apoyo presupuestal del Gobierno nacional no funcionan. Esto se debe, en gran medida, a debilidades administrativas y operativas para la prestación del servicio.
    El presente documento de política establece un marco estratégico para los próximos veinte años, orientado a mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental de los sistemas productivos beneficiados con este servicio público. Esta política se enmarca en la estrategia de transformación del campo del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país, mediante la cual se impulsa la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios sectoriales y, así mismo, en el enfoque de crecimiento verde para lograr desarrollo sostenible en el largo plazo. Igualmente, responde al Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP. En este se establecen lineamientos para impulsar la economía campesina, familiar y comunitaria, y se reconoce la importancia de la infraestructura de riego y drenaje para este fin.
    Esta política orientará el desarrollo de la adecuación de tierras como instrumento de la productividad y competitividad agropecuaria, a través de cuatro objetivos específicos: (i) consolidar información para mejorar la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de la política, (ii) promover la coordinación interinstitucional para mejorar la ejecución de los proyectos integrales de ADT, (iii) mejorar la eficacia y eficiencia de las inversiones en ADT para lograr un mayor impacto en la productividad y competitividad agropecuaria, y (iv) actualizar el marco legal para la implementación de la política de ADT.

  • Conpes 3932 de 2018 – Plan marco implementacion del acuerdo final

    El Plan Marco de Implementación (PMI) fue construido y aprobado en cumplimiento de lo establecido en el punto 6.1.1. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. El PMI final contiene 501 indicadores y un costo indicativo de 129,5 billones de pesos de 2016.
    El presente documento CONPES genera los lineamientos para vincular los compromisos definidos en el PMI con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento depolíticas públicas y de sus recursos, con el fin de promover la sostenibilidad de las medidas para la construcción de paz realizadas entre 2017 y 2031. Además, define los mecanismos y fuentes de información que serán usados para el seguimiento a los recursos invertidos en la implementación del Acuerdo Final y los avances obtenidos, promoviendo la transparencia durante el proceso de construcción de paz.

  • Conpes 3934 de 2018 – Política de Crecimiento Verde

    Este documento de política establece que para mantener e incrementar el ritmo de crecimiento económico que necesita el país, y así atender las problemáticas sociales, en materia de pobreza, desigualdad y construcción de paz, se requiere la búsqueda de nuevas fuentes de crecimiento que sean sostenibles a partir de la oferta de capital natural para la producción de bienes y servicios ambientales, representada en más de 62.829 especies registradas, 24,8 millones de hectáreas con aptitud forestal y un potencial eólico de 29.500 Megavatios (SiB, 2018; UPRA, 2018; UPME, 2015).
    Igualmente, esta política reconoce que el desarrollo económico actual será insostenible a largo plazo, ya que degrada y agota la base de los recursos para la producción económica y genera altos costos para el ambiente y la sociedad, valorados en más de 16,6 billones de pesos, equivalente al 2,08 % del producto interno bruto (PIB) del 2015 (DNP, 2018).
    Lo anterior, hace necesario internalizar las externalidades negativas del desarrollo de manera que los sectores sean cada vez más competitivos, más sostenibles en el uso de los recursos y generen menos impactos ambientales. Con el fin de llevar al país a una transición hacia un modelo económico más sostenible, competitivo e inclusivo, el presente documento CONPES contiene la Política de Crecimiento Verde para el país, la cual se compone de cinco ejes estratégicos.
    1. Orientado a generar nuevas oportunidades económicas que permitan diversificar la economía a partir de la producción de bienes y servicios basados en el uso sostenible del capital natural.
    2. Busca mejorar el uso de los recursos naturales en los sectores económicos de manera que sean más eficientes y productivos, y se reduzcan y minimicen los impactos ambientales y sociales generados por el desarrollo de las actividades productivas.
    3. Promueve la generación y el fortalecimiento del capital humano para afrontar los nuevos retos de conocimiento y experiencia que genera el crecimiento verde.
    4. Establece acciones estratégicas en materia de ciencia, tecnología e innovación como herramienta necesaria para avanzar hacia cambios en los sectores productivos y encontrar nuevos procesos, insumos y tecnologías más eficientes que generen valor agregado a la economía nacional.
    5. Expone las acciones para asegurar una coordinación y articulación interinstitucional requeridas para la implementación de la presente Política, al igual que el fortalecimiento de las capacidades para la generación de información necesaria 4 para la toma de decisiones en crecimiento verde y mecanismos para la financiación de proyectos sostenibles.
    Esta política se encuentra alineada con los compromisos internacionales como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, la implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático y las recomendaciones e instrumentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Igualmente, se articula con políticas y planes nacionales en materia sectorial y ambiental. La política se implementará durante un horizonte de tiempo de 13 años (2018-2030) y comprende acciones específicas de carácter intersectorial lideradas por el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Trabajo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Departamento Nacional de Planeación, entre otras entidades. La implementación de la política requiere inversiones indicativas estimadas de 2,3 billones de pesos.