Normatividad en trámite

En esta sección encontrará la normativa con impacto en el sector minero  en trámite.

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  • PL 11 de 2018 C – Víctimas

    Por medio del cual se modifica y adiciona la Ley 1448 de 2011 para establecer instrumentos jurídicos que faciliten y aseguren la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
    OBJETO. A la fecha no solamente no se ha realizado esta reforma normativa sino que tampoco se advierte voluntad política por parte del gobierno nacional para hacerla. En consecuencia, consideramos necesario impulsar su ajuste mediante una iniciativa legislativa que permita modificar y adicionar algunas disposiciones normativas contenidas en la ley 1448 de 2011, que den cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo final, en especial, los puntos 1, 5 y 6, en materia de derechos de las víctimas, así como algunas propuestas de reforma presentadas por víctimas y organizaciones de víctimas.

  • PL 10 de 2018 C – Huelga

    Por medio del cual se modifica el Código Sustantivo del Trabajo, con el fin de armonizar el derecho de huelga con los Convenios sobre Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo
    OBJETO. El régimen legal de la huelga, previsto en los decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951 contemplan un enfoque restrictivo de la huelga como prohibición que debe ser actualizado de conformidad con lo ordenado por el artículo 56 de la Constitución Política. El proyecto fue construido junto con la Plataforma Agenda Laboral para la Paz conformada por: ENS, FESCOL, CAJAR, Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, CORPEIS, Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Cedetrabajo, Asolaborales, CUT, CTC  y Viva la Ciudadanía y tiene por propósito armonizar el derecho a la huelga a los Convenios sobre Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. El derecho de huelga está regulado en Colombia en el Código Sustantivo del Trabajo bajo una perspectiva pre-constitucional que no consulta el espíritu del constituyente ni los convenios mencionados, que integran el bloque de la constitucionalidad que amerita la propuesta de reforma al régimen de intervención legal.

  • PL 07 de 2018 C – Paramilitarismo tipo penal

    Por medio de la cual se incorporan al Título XII del Código Penal (ley 599 de 2000) disposiciones tendientes a combatir grupos armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas; grupos de seguridad que ejecuten actos ilegales; paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas u otras denominaciones equivalentes
    OBJETO. Reforzar las garantías en materia de seguridad pública y la administración de justicia, dotando al sistema judicial de herramientas legales para desmantelar las estructuras económicas y políticas que sostienen el actuar paramilitar por medio de la tipificación de las conductas relacionadas con la conformación de grupos civiles armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, grupos de seguridad que ejecuten actos ilegales, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad ilegales u otras denominaciones equivalentes.

  • PL 06 de 2018 C – Disposición aceites usados

    “Por la cual se establecen las condiciones de disposición final segura de los aceites lubricantes usados y de los aceites industriales usados en el territorio nacional y se prohíbe la combustión de los mismos o su reutilización parcial o total sin tratamiento de transformación.”
    OBJETO. Establecer los requerimientos para la disposición ambientalmente segura de los aceites lubricantes usados y de los aceites industriales usados, ya que actualmente en Colombia no existe una regulación que prohíba la combustión de los aceites usados o que promueva las tecnologías actualmente aceptadas en el mundo para una disposición ambientalmente segura de los mismos.

  • PL 04 de 2018 C – Mesas ambientales

    Por medio del cual se crean Las Mesas Ambientales en el Territorio Nacional como espacio de participación multisectorial, institucional y multidisciplinario.
    OBJETO. Equilibrar el poder del ciudadano y de las entidades territoriales en su interlocución con los entes privados y autoridades públicas del nivel municipal, regional y nacional en lo referente a los bienes y servicios ambientales, usos del suelo y los recursos naturales renovables y no renovables de los territorios que habitan.

  • PL 71 de 2018 – Prohibicion Fracking

    Por medio del cual se prohíbe en el territorio nacional la exploración y/o explotación de los Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos y se dictan otras disposiciones
    OBJETO. Prohíbir en el territorio nacional la exploración y explotación de los Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos como medida de protección del medio ambiente y la salud, y para prevenir conflictos socioambientales asociados a estas actividades y establecer la obligación de elaborar en el término de un (1) año contado partir de la expedición de la presente ley, un Plan de Diversificación Energética y Promoción de Energías Limpias -PDEPEL- a fin de lograr los objetivos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y demás tratados, convenios y protocolos internacionales sobre medio ambiente y derechos humanos, así como la Ley 1715 de 2014, para sustituir gradualmente el uso de combustibles fósiles con un horizonte de quince (15) años a partir de la expedición de esta ley.

  • PL 65 de 2018 S – Tratamiento Penal Diferenciado pequeños cultivadores

    “Por medio de la cual se desarrolla el tratamiento penal diferenciado, en desarrollo de las disposiciones del artículo 5 transitorio del acto legislativo 01 de 2017 y el numeral 4.1.3.4 del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”
    OBJETO. Establecer los requisitos y las condiciones para acceder al tratamiento penal diferenciado, transitorio y condicionado, para los cultivadores de plantaciones ilícitas en pequeña escala, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 5 transitorio del Acto Legislativo No. 01 de 2017 y en el numeral 4.1.3.4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

  • PL 61 de 2018 – Convenio Proteccion Marina

    Por medio de la cual se aprueba el «protocolo relativo a la contaminación procedente de fuentes y actividades terrestres del Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la Región del gran caribe», adoptado en Oranjestad, Aruba, el 6 de octubre de 1999.
    OBJETO. Aprobación del protocolo

  • PL 57 de 2018 S – Minimo vital de agua

    Por el cual se establece elmínimo vital de agua potable y se dictan otras disposiciones.
    OBJETO. Establecer que el agua es un derecho humano y un servicio público esencial inherente a la finalidad social del Estado, el cual debe asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, para garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, y por ende, se encuentra en conexidad con el derecho fundamental a la vida digna de los colombianos. El Estado garantizará de forma gratuita a cada hogar ubicado en estratos socioeconómicos uno (1) o dos (2), de uso residencial y mixto, veinte (20) metros cúbicos de agua potable que les permita llevar una vida en condiciones dignas conforme a los establecido en la Constitución Política. Se exhorta a la promoción de la cultura del ahorro y a la protección de los recursos hídricos. Finalmente, se reconoce la lluvia como bien público para ser aprovechada para el consumo y la producción.

  • PL 58 de 2018 S – Fracking

    Por medio del cual se prohíbe en Colombia la utilización del fracturamiento hidráulico -fracking- para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales
    OBJETO. Prohibir en todo el territorio colombiano la exploración y la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales a partir de fracturamiento hidráulico denominado Fracking, así como impedir que las autoridades estatales competentes, suscriban contratos, expidan títulos mineros, permisos y licencias ambientales encaminadas a darle desarrollo a este tipo de proyectos y que se prohíban y suspendan hasta tanto no se tengan los estudios científicos y el fortalecimiento institucional correspondiente, los proyectos y planes pilotos que actualmente se estén adelantando en esta materia.

  • PL 59 de 2018 S – Presupuesto 2019

    Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
    OBJETO. presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019, en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO BILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA LEGAL ($258,997,305,209,927), según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2019

  • PL 62 de 2018 S – Estabilidad laboral madres

    “Por medio de la cual se establecen lineamientos para la estabilidad laboral de mujeres embarazadas y se dictan otras disposiciones”
    OBJETO. Mejorar las condiciones laborales de la madre y del recién nacido, aumentado los términos de duración de la licencia de maternidad, reglamentando su fuero laboral y fijando algunos elementos adicionales para garantizar que la lactancia pueda realizarse de manera digna y sin riesgos.

  • PL 56 de 2018 S – Propiedad tierras rurales

    Por la cual se expiden normas para la formalización de la propiedad de tierras rurales en Colombia y se dictan otras disposiciones
    OBJETO. Estimular mecanismos y condiciones que faciliten el desarrollo rural mediante la formalización de la falsa tradición y titulación de tierras rurales agrarias en Colombia; habilitar a los campesinos como titulares de derechos de dominio, incorporar a su patrimonio los inmuebles que ocupan y trabajan y para crear seguridad jurídica en el mercado de tierras, generar el acceso a bienes, servicios, política pública y a la administración de justicia.

  • PL 55 de 2018 S – Asociaciones Campesinas

    Por la cual se dictan normas para la constitución y operación las Asociaciones Campesinas y las Asociaciones Agropecuarias, se facilitan sus relaciones con la Administración Pública, y se dictan otras disposiciones.
    OBJETO. Establecer el marco jurídico para la constitución, registro, certificación y vigilancia de las asociaciones campesinas nacionales, regionales, departamentales o municipales, facilitar sus relaciones con la Administración Pública, y generar los espacios de participación necesarios para el desarrollo de su capacidad de transformación e incidencia en la planeación, implementación y seguimiento de los diferentes planes y programas del estado en relación con el sector campesino, el desarrollo rural, y los acordados sobre la Reforma Rural Integral.

  • PL 45 de 2018 S – Vida laboral y familiar

    Por la cual se determinan los lineamientos para la elaboración de una política pública que concilia las responsabilidades familiares con la vida laboral y se dictan otras disposiciones.
    OBJETO. Establecer los lineamientos para la elaboración de una política pública que concilie la vida laboral y familiar como un instrumento que permita a las organizaciones públicas y privadas una base sólida de bienestar individual y de políticas sociales que tienen su fundamento en la efectividad del pleno empleo.

  • PL 38 de 2018 S – Licencia exploración minera

    Por la cual se crea la licencia ambiental para exploración minera y se dictan otras disposiciones
    OBJETO. Incluir el requisito de Licencia Ambiental para exploración de proyectos mineros. Para retomar una disposición existente al amparo de la Ley 99 de 1993 que fue establecida en el numeral 2 del artículo 7° del Decreto Reglamentario 1753 de 1994, esto es, el requisito de licencias ambientales para la etapa de exploración minera que desapareció del ordenamiento jurídico colombiano a partir del Decreto número 1728 de 2002, que sustituyó el 1753 de 1994 y a partir de allí con la expedición de los Decretos 1180 de 2003 y 1220 de 2005, quedaron desprotegidos los recursos naturales durante las etapas tempranas de los proyectos de gran minería.
    AUTOR. Alianza verde

  • PL 37 de 2018 S – Consejos de Planeación

    Por la cual se crea el espacio de participación de los Consejos Territorialesde Planeación en materia ambiental y se dictan otras disposiciones
    OBJETO.  Equilibrar el poder del ciudadano y de las entidades territoriales en su interlocución con los entes privados y autoridades públicas del nivel regional y nacional en lo referente a los usos de su territorio, de los recursos naturales renovables y no renovables del mismo y a la protección ambiental en el desarrollo de proyectos que requieran para su ejecución de licencia ambiental.

  • PL 36 de 2018 S – Concertación minera

    Por medio de la cual se crea la concertación minera y de Hidrocarburos y se dictan otras disposiciones
    OBJETO. La consagración de un principio de concertación minera entre las autoridades municipales y las autoridades del nivel nacional para que lleguen a un acuerdo en la autorización de actividades de exploración y explotación minera en su jurisdicción y modifica las instancias de concertación y consulta de los planes de ordenamiento territorial

  • PL 30 de 2018 S – Compensación daños ambientales

    Por medio de la cual se regula la compensación de los daños ambientales en el sector minero – energético, y se dictan otras disposiciones.
    OBJETO. Regular la compensación de los daños ambientales como consecuencia de la actividad minera y energética, la responsabilidad y el financiamiento para la remediación de las áreas afectadas por éstos, destinados a su reducción y/o eliminación, con la finalidad de mitigar sus impactos negativos a la salud de la población, al ecosistema circundante y la propiedad.

  • PLE 11 de 2018 S – Paz

    Por la cual se desarrolla el artículo 22 de la carta política colombiana, atinente al derecho y deber fundamental de la paz y se dictan otras disposiciones.
    OBJETO. Desarrollar la definición de paz, lo concerniente al ejercicio del derecho y deber a la paz de acuerdo a lo estipulado en el artículo 22 de la Constitución Política Colombiana (Constitución Politica de Colombia, 1991). Así mismo, los mecanismos de aplicación para la solución de conflictos, la participación del Estado como garante y protector de derechos y los beneficios del cumplimiento del deber. Señala la facultad jurídica frente al derecho y deber a la paz que tienen los particulares y todos los estamentos del Estado, como derecho colectivo.