¿Cómo mejorar la seguridad jurídica para proteger la inversión en el país?

Proteger la inversión extranjera para apalancar los proyectos mineros fue una de las reflexiones centrales en el 4º Congreso Nacional de Minería. La conclusión central es que el Estado debe adoptar políticas públicas que propicien la estabilidad de la industria a través de información clara y la armonía de las tres ramas del poder público.

La experta en estos asuntos, Patricia Arrázola Bustillo, socia de la empresa Gómez–Pinzón Abogados, subrayó que “las tres ramas del Estado no están para contradecirse, se deben controlar una a la otra. Cuando el Estado otorga un título minero es porque ahí se puede hacer minería. Deduce el inversionista que las autoridades se han articulado y que se han definido las reglas. Hay que respetar los contratos, no caben dudas”.

La Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero Restrepo, indicó que las empresas mineras deben tener la argumentación constitucional necesaria para lograr llenar los espacios vacíos existentes que están llevando a los jueces a diseñar las políticas y a legislar. “Que la sociedad civil ronde a los jueces”, recalcó. En igual sentido se pronunció el CEO de Gran Colombia Gold, Lombardo Paredes, quien acentuó su disertación en que “si no se cumple lo que está escrito vamos a seguir perdiendo competitividad. El Estado puede ser el ente más destructivo si no se respeta la propiedad privada. Hay muchas leyes en Colombia pero falta voluntad para cumplirlas”.

Fue el CEO Paredes quien llamó la atención de los asistentes al Congreso de Minería sobre la decisión de su empresa de demandar al Estado. “Nos han obligado a llegar a esa instancia por el incumplimiento hemos agotado todos los escenarios posibles”, a lo que Luis Guillermo Vélez, Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), dijo que “cuando el Estado regula lo hace de conformidad con la legislación interna y de cara a las obligaciones internacionales”.

La señora Arrázola Bustillo recomendó hacer “un censo de las comunidades étnicas dentro de toda la regulación de la Consulta Previa. Además, la regulación del POT, en el tema de tierras, tenemos que ponernos al día, para de esa forma saber dónde se puede y cómo se debe hacer la minería”. Y añadió: “Se abusa de la participación ciudadana. No se compadece lo que está sucediendo, no se reconocen los derechos adquiridos. ¿Dónde está la confianza legitima?”, se preguntó.

Nicolás Palau, Director de Inversión Extranjera, Servicios y Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, señaló que la regulación del Estado es transparente y no arbitraria y que “definitivamente hay una oportunidad importante de política pública para trabajar la simultaneidad de los distintos procesos, permisos y trámites que se requieren para una explotación minera; no siempre es fácil, pero esto también pasa por una racionalización y por una eficiencia de los distintos trámites que se requieren. Uno de los grandes problemas, no siempre es la contradicción o control que puede haber entre los unos y los otros, sino la diferencia de tiempos que hay entre ellos, si uno se demora un mes y el otro tres años, ahí vamos a tener siempre una dificultad. Los tiempos de partida no van a ser iguales, dentro de un periodo de tiempo razonable, son una recomendación que debería tenerse en cuenta para el mejoramiento de las perspectivas jurídicas del sector”.

Al final, el señor Lombardo Paredes, CEO Gran Colombia Gold, concluyó, “todos estos procesos necesitan un gran facilitador, alguien que los mueva y que los empuje y por consiguiente es el gobierno quien tiene que hacerlo y de acuerdo con la sociedad civil, pero es el gobierno el gran facilitador que tiene que crear las condiciones para que los otros entes actúen, llegó el momento en el cual es fundamental la decisión que se va a tomar sobre quién va a ser el próximo presidente”.